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¿Qué es el Número LEI y por qué es importante en Argentina?

El Número de Identificación de Entidad Jurídica (LEI) es un código único de 20 caracteres diseñado para identificar a empresas e instituciones en los mercados financieros globales. Su función es mejorar la transparencia, reducir el riesgo de fraude y garantizar la correcta identificación de las entidades que participan en operaciones económicas.

En respuesta a la crisis financiera de 2008, organismos reguladores internacionales implementaron el sistema LEI en 2012 para estandarizar la identificación de empresas y fortalecer la seguridad en los mercados financieros. Hoy en día, en Argentina, el uso del LEI es fundamental para aquellas entidades que operan en mercados regulados, realizan inversiones o gestionan fondos con bancos e instituciones financieras.

Este código es emitido por organismos acreditados por GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) y permite verificar la identidad legal, la estructura de propiedad y la transparencia en la gestión corporativa.

Obtener un LEI en Argentina es un paso esencial para cualquier empresa que desee operar con seguridad y cumplir con normativas nacionales e internacionales. Además, su uso facilita la supervisión regulatoria y simplifica la verificación de contrapartes en transacciones financieras.


¿Quién debe obtener un LEI en Argentina?

En Argentina, diversas entidades están obligadas a contar con un LEI para operar en los mercados financieros o cumplir con regulaciones específicas. A continuación, se detallan los sectores que requieren este identificador:

Empresas y Sociedades Comerciales: Todas las sociedades anónimas (S.A.), sociedades por acciones simplificadas (S.A.S.) y sociedades de responsabilidad limitada (S.R.L.) que realicen operaciones financieras deben obtener un LEI.

Instituciones Financieras: Bancos, fintechs, aseguradoras, casas de cambio, fondos de inversión y corredores de bolsa necesitan un LEI para cumplir con las normativas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Organismos Públicos y Empresas Estatales: Entidades gubernamentales y empresas estatales que participan en la emisión de deuda pública o realizan transacciones financieras pueden requerir un LEI.

Fundaciones y ONG: Organizaciones sin fines de lucro que gestionan inversiones o reciben financiamiento internacional pueden necesitar un LEI para garantizar la transparencia de sus operaciones.

Fideicomisos y Fondos de Jubilación: Fondos de pensión, fideicomisos financieros y vehículos de inversión estructurados deben contar con un LEI para operar en los mercados financieros argentinos e internacionales.

Cualquier organización que participe en actividades reguladas en Argentina debería considerar la obtención de un LEI para cumplir con los requisitos normativos y operar con mayor confianza en los mercados financieros.


¿En qué casos es obligatorio un LEI en Argentina?

En Argentina, el uso del LEI es obligatorio en diversas situaciones financieras y comerciales. Entre las principales, se encuentran:

Operaciones en Mercados Financieros: Empresas que cotizan o invierten en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) deben contar con un LEI para realizar transacciones en acciones, bonos o derivados.

Regulación y Reportes Financieros: Entidades que deben presentar informes ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) o el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pueden necesitar un LEI para garantizar la trazabilidad de sus operaciones.

Transferencias Bancarias Internacionales: Algunos bancos requieren un LEI para procesar pagos internacionales y transferencias de alto valor.

Emisión de Instrumentos Financieros: Empresas que emiten bonos corporativos, obligaciones negociables y otros activos financieros deben obtener un LEI para registrar y comercializar estos instrumentos.

Contratos con Bancos e Instituciones Financieras: Algunas entidades requieren un LEI para acceder a financiamiento, inversiones o productos bancarios.

En Argentina, la normativa sobre el uso del LEI está en constante evolución, por lo que se recomienda consultar con un especialista en regulación financiera para asegurar el cumplimiento adecuado.
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